Esta política intenta implementar medidas y mecanismos para proteger el proceso del embarazo y promover la dignificación de los derechos propios de la mujer. Bajo esta ley, todas mujeres poseen los mismos derechos, garantizando el respeto a su identidad cultural que incluyen: información sobre su embarazo, parto y posparto; participación en las decisiones sobre los procedimientos diagnósticos y tratamientos médicos; y atención prenatal sin estigma ni discriminación. Además, la política trabaja para evitar la violencia obstétrica.

Históricamente, con el 87% de la población cristiana, Guatemala ha sido respetuoso hacia al derecho a la vida. En respuesta a movimientos “pro elección,” esta iniciativa trata de proteger la vida humana desde su concepción, la familia y la institución del matrimonio. Intenta crear un disuasivo al aborto y elevar los criterios médicos para calificación para un aborto terapéutico. También, prohíbe programas de educación relacionadas con la diversidad sexual.

Esta política protege a la mujer embarazada, y las madres en gestación gozarán de todos los derechos en el Código de Trabajo y más leyes laborales. Promueve más regulación de las condiciones laborales y protección de las mujeres y sus servicios prenatales, y evita esfuerzos físicos en su trabajo. Todas estas condiciones están bajo la protección jurídica. Las madres deben gozar de un descanso forzoso retribuido con el cien por ciento de su salario, un mes antes del parto y 40-50 días después.

Esta iniciativa intenta disminuir la tasa alta de madres menores en Guatemala y proveer más recursos para mujeres marginalizadas. La muerte materna afecta principalmente a las mujeres indígenas (71%) y residentes en áreas rurales (66%). Está política promueve la implementacion de programas de educación sexual y atención prenatal en comunidades indígenas (sí está bien con ellos) y rurales. También, emplea un sistema para hacer subsidios a los familias con chicas que continúan su educación en la escuela secundaria y más allá.

Esta política tiene el objetivo de proveer y proteger el derecho a la salud pública. Hay un foco en el desarrollo de acciones de educación, el fomento de actividad física, y la creación de establecimientos públicos y privados de educación primaria y básica. Educación dirigida a los niños, niñas y adolescentes enfocaría en información nutricional y otros temas como los alimentos y las bebidas no alcohólicas. La política tiene la meta final de erradicar problemas como el sobrepeso y la obesidad.

Los índices de desnutrición crónica son mayores de 47% en niños menores de 5 años, y la desnutrición causa subdesarrollo de la economía y sector de salud en Guatemala. Esta iniciativa prioriza un marco jurídico y estratégico eficiente en conjunción con programas sociales que aseguran la Seguridad Alimentaria y Nutricional como derecho. Las instituciones nacionales necesitan coordinar sus acciones con organizaciones internacionales dedicadas a la salud. Los programas sociales deben ser regulados por normas transparentes para garantizar el uso adecuado de estos recursos.

Esa iniciativa crea una institución dedicada a desarrollar procesos de planificación y ejecución sobre la regulación de alimentos, medicinas, educación sobre la salud, e investigación del estado de salud en Guatemala. Sirve para dar respuestas a los problemas más grandes de salud, con el Sistema Nacional de Salud y Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Enfatiza la obligación del Estado a garantizar el derecho del completo bienestar físico, mental y social.

La cantidad de madres menores en Guatemala es alarmante, debido a la falta de educación sexual a la temprana edad. La presente iniciativa busca educar todos los niños en escuelas públicas para crear un currículo de educación sexual integral en la niñez para bajar las cifras de embarazos en adolescencia. Incluye información sobre los temas de la sexualidad, pubertad, enfermedades de transmisión sexual, y embarazos en edades tempranas.

Esta ley se dirige a trabajar en la descontaminación de fuentes de agua en Guatemala. Aproximadamente 70% de las fuentes de agua fresca están contaminadas, algo que crea problemas en cuanto a acceso y la salud. El iniciativo prohíbe el uso de bolsas plásticos, una fuente clave de contaminación (de microplásticos y de tamaño regular) de la súplica del agua en Guatemala. También, la ley emplea más regulaciones para las empresas sobre la eliminación de agroquímicas y descargas contaminantes en áreas adyacentes a ríos.

Esta política dará más poder al gobierno central para proteger a las fuentes de agua guatemaltecas. En Guatemala, hay problemas con la contaminación del agua y la privatización de los ríos y lagos. El iniciativo 5161 ofrece unas soluciones posibles para estos problemas. Suele hacerlo por tomar más control gubernamental de la súplica de agua, justificando el trabajo como problema de seguridad nacional.

Este iniciativo establece, por primera vez, un sistema nacional del manejo del agua en Guatemala. Además de mejorar las regulaciones y el tratamiento de agua, la ley suele expandir acceso al agua en las comunidades indígenas. Generalmente, el acceso al agua limpia varía por región en Guatemala, y las regiones mayoría-indígena generalmente tiene el peor acceso al agua.

Esta política establece roles claros para el Ministerio de Salud y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para mantener y regular los servicios de saneamiento. El sector de saneamiento en Guatemala tiene una cobertura de servicio baja e inconsistente, especialmente en las zonas rurales. Hay mucha confusión sobre quién regula el saneamiento, y esto resulta en la falta de servicios para muchos. Con esta política, no habrá confusión.

Esta política ayudaría arreglar el problema de recursos insuficientes en Guatemala. Con los económicos presentes del Estado, sería imposible satisfacer las necesidades de los sectores. Algunos de los sectores que vería cambios son los tres niveles de la salud: preventivo, curativo y rehabilitación. Con esta política, el estado está obligado a proveer los servicios de salud que los guatemaltecos necesita y de una manera fuerte.

Esta política protegería a adolescentes, trabajadores jóvenes, y personas con discapacidades y/o problemas de salud mental que tienen poco acceso al sistema público. Con una demografía creciendo, hay enfermedades nuevas que no pueden ser tratados porque no hay respuestas organizadas. No se ofrece tratamientos para las condiciones nuevas y crónicas como artritis, diabetes y cáncer. Se necesita medicamentos, métodos diagnósticos, y cirugías. Esta política cambiaría este para la población. Además, tratamientos especializados y sofisticados son necesarios para víctimas de la violencia (un porcentaje grande de personas que necesitan ayuda médica).

Hay cuatro objetivos principales de estas políticas. El primero es garantizar la estabilidad laboral y salarial de los trabajadores de salud que aseguraría la eficiencia y calidad de la atención, disponibilidad y continuidad de los servicios. El segundo objetivo es implementar mecanismos administrativos que permiten agilizar procesos de reclutamiento, selección, oposición, calificación, designación, contratación, promoción, suspensión, evaluación, formación y desarrollo de alguien que trabaja para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El tercero meta es establecer procesos y procedimientos de evaluación de trabajadores del Ministerio. El último objetivo en contribuir al desarrollo de los servicios, la calidad de atención, administración, disponibilidad de los servicios, y la satisfacción de los usuarios.

Esta política suele mejorar el sistema de salud en Guatemala por varias maneras administrativas. Incluye aspectos para luchar contra la corrupción, algo clave para mejorar la administración. Guatemala pierde muchísimo dinero cada año por “ineficaz” en la distribución del dinero causado por la corrupción, entonces peleando la corrupción es una remedia administrativo que tiene potencial para mucho éxito en el futuro.

Esta ley provee dinero para implementar programas de educación de salud en comunidades rurales en Guatemala. A causa de la disparidad de educación en el país, especialmente con la población indígena, los guatemaltecas en comunidades rurales pueden mejorar su salud con educación adicional sobre la salud. La ley provee dinero en forma de negación de impuestos para maestros y compañías de salud en estas zonas.